Expresiones juveniles requieren política pública y sociedad incluyente

La sociedad civil también debe poner en marcha mecanismos de diálogo mucho más precisos con los jóvenes, que sea puente entre las agrupaciones juveniles y los gobiernos

Atender las expresiones juveniles en la ciudad de México y el país requiere que los gobiernos desarrollen e implementen políticas públicas específicas, pero también que la sociedad civil sea más participativa e incluyente, opinó Juan Carlos Cruz, presidente de la asociación civil Cauce Ciudadano.
Las organizaciones ciudadanas, dijo, deben ser más activas y no quedarse en lo analítico, “en la sociedad civil que se la pasa en foros, que dice que desde ahí se genera la prevención y la atención de las problemáticas sociales que les pegan a los adolescentes y jóvenes”.
De lo contrario, “no podremos ser la sociedad civil que le reclama al gobierno, porque cuando les dicen ‘cuál es la población que estás atendiendo’, ‘cómo estás trabajando con ellos’, lo que nos dicen es: ‘nosotros sólo estamos haciendo el proceso de seguimiento a la violación de derechos humanos’”.
La sociedad civil, insistió, debe empezar a incluir la perspectiva de riesgo y la perspectiva de juventud en sus agendas, así como “dejar de lado las acciones superficiales como la realización de foros. Hay que meterse al lodo, ir a las comunidades y trabajar con la gente. Somos pocas las organizaciones que nos dedicamos a esto”.
Cruz Santiago, fundador de la asociación orientada al trabajo con jóvenes, eliminar factores de riesgo y promover una vida sin violencia, opinó que la sociedad civil también debe poner en marcha mecanismos de diálogo mucho más precisos con los jóvenes, que sea puente entre las agrupaciones juveniles y los gobiernos, además de evaluar los programas, “para saber cuál es el impacto y el resultado que estamos provocando”.

 Problemáticas especiales

Refirió los recientes ataques y enfrentamientos en los que se han visto involucrados jóvenes “reguetoneros”, y consideró urgente generar mecanismos de diálogo, que a través del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal se convoque a establecer una mesa de mediación entre los grupos que se han enfrentado.
De igual manera, planteó que en esa mesa de conciliación se comiencen a atender las problemáticas específicas de los grupos juveniles existentes en la ciudad de México, y ahí se cuente con la observación de la sociedad civil y la participación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
La Secretaría de Gobierno capitalina, agregó Carlos Cruz, “tiene todos los elementos para contactar y convocar a los líderes de estas agrupaciones juveniles” y así comenzar a atender las demandas del sector, especialmente en el caso inmediato de los reguetoneros, quienes han sido sujetos a discriminación y estigmatización.
“No debemos tener miedo de jalarlos e invitarlos a una mesa de diálogo y de construcción de paz; si no hacemos eso la realidad es que estamos fracasando en todo el proceso con los adolescentes y jóvenes”, señaló Juan Carlos, quien tras formar parte de una “banda” juvenil decidió fundar una asociación que favorece la solidaridad y una cultura de la no violencia entre la población juvenil.

 Modificar sistema jurídico

Atender el surgimiento de expresiones juveniles y los enfrentamientos que pudieran presentarse también requiere que el gobierno local modifique su sistema jurídico, y recordó que hay una propuesta de ley en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que pretende generar un nuevo sistema de atención para los jóvenes y adolescentes de la ciudad.
Esa iniciativa establece que los jóvenes pueden tener participación en los Consejos Ciudadanos de Juventud, pues así se podría aprovechar el nivel de organización tienen e impulsar algunas propuestas para el diseño de políticas públicas que atiendan a ese sector de la población.
En este contexto, Juan Carlos Cruz señala que se puede hablar de dos visiones: por un lado atender y solucionar la emergencia (el caso actual de los reguetoneros), y por otro empezar a generar los planes y programas preventivos para atender estos fenómenos a futuro y de manera continua.
Respecto a la discriminación que sufre la mayoría de los movimientos juveniles, opinó que el problema de fondo es que las autoridades y la ciudadanía no entienden el fenómeno y sólo “se justifica la actividad o la acción contra los grupos”.

 Policía especializada hacia jóvenes

Por ello, sugirió que la sociedad civil comparta sus experiencias en los procesos de formación policial, “hay que formar, hay que darles las herramientas para que aprendan a abordarlo”, e incluso planteó la creación de un grupo mixto de policías que pueda mediar, que se especialice en el trabajo con los jóvenes.
La recomendación no es nueva, surgió luego del caso News Divine, donde varios jóvenes perdieron la vida. “Es urgente crear una policía de este tipo”, pues de lo contrario, “el día menos pensado vamos a tener un problema que le cueste la vida a los jóvenes y el costo sería más grande”.
El asunto es atender a la población, por lo que llamó a no politizar el tema, pues “caer en eso sería muy torpe”, dijo al insistir en que la responsabilidad del gobierno, la sociedad y la CDHDF es mayor, “tenemos que salir en conjunto para poder pacificar estos sucesos”.
Para Carlos Cruz, más allá de crear un protocolo de atención policial o regular las redes sociales, donde también se ha desatado una ola de discriminación e incluso odio contra ciertos movimientos juveniles urbanos, lo que se requiere es un cambio cultural en la ciudad de México que derivaría en un cambio en todo el país.

Proceso de descomposición social

 

Insistió en que las manifestaciones y expresiones juveniles actuales no son más que el resultado del proceso de descomposición social, “donde no hay atención, no hay desarrollo” por lo que “si los jóvenes ven todos los días violencia no nos podemos quejar de que ellos actúen de la misma manera porque culturalmente la violencia se nos está instalando como una forma de vida”.
Por ello, llamó a establecer de inmediato las líneas de discusión y de construcción de paz con los adolescentes y los jóvenes en conflicto. Insistió en que no es un papel exclusivo de la sociedad, e invitó a la CDHDF y a la Secretaría de Gobierno local para que, a través del Programa de Derechos Humanos, atiendan esta situación con carácter de emergencia, pero también a trabajar para atender las demandas de este sector poblacional.

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