Al concluir una visita de tres días a esa ciudad, la relatora especial sobre el Derecho al Agua y Saneamiento, Catarina de Albuquerque, y la experta independiente sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada, Leilani Farha, subrayaron en un comunicado que esas medidas deben guiarse por el respeto a los derechos humanos.
"Es contrario a las garantías básicas cortarle el agua a personas que sencillamente no tienen dinero para pagar las facturas", señaló Albuquerque tras informar que pudo hablar con gente que se vio en la disyuntiva de pagar el alquiler de sus viviendas o el servicio de agua.
Las expertas añadieron que la empresa distribuidora del agua ha trasladado los costos crecientes de los salideros provocados por una infraestructura antigua a los residentes de Detroit, aumentando las tarifas de cobro en casi un 9%.
Opinaron que las medidas adoptadas hasta el momento por las autoridades locales no han ayudado a los pobres crónicos y que es preocupante que la ciudad no tenga datos sobre la cantidad de personas que viven sin agua corriente, o sus edades, discapacidades, enfermedades crónicas, raza o nivel de ingresos.
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